REFORMA AL ARTÍCULO 24

Desde el pasado 17 de junio, nuestra Constitución Política en su artículo 24 reconoce el derecho a la libertad de conciencia. La discusión llevó más de un año para lograr que cuando menos 16 estados de los 31 que conforman la República Mexicana votaran a favor de la reforma.

Los grandes opositores a esta reforma argumentaron que detrás del derecho a la libertad religiosa se escondían otros derechos que luego iban a ser exigidos, tales como el derecho a la educación religiosa y el derecho a la libre comunicación religiosa, con acceso libre a todos los medios de comunicación. La realidad es que detrás de esta oposición estuvieron grupos minoritarios de cristianos evangélicos, la gran logia masónica de Monterrey y la Iglesia Luz del Mundo, secta de origen mexicano extendida ya a otras partes de América.

Si no queremos que en México se corra el riesgo de perder los espacios de libertad de los que gozan los ciudadanos, tenemos que evitar que los derechos humanos sean agredidos por las dictaduras, ya no de las mayorías, sino de las minorías.

Así también, México nuestro gran país no escapa al constante golpeteo contra las instituciones que caracteriza a la postmodernidad, pues también en nuestros países americanos resulta cada vez más frecuente y ordinario que se desdeñe el papel de la familia, que se menosprecie la contundencia del orden natural y que los gobiernos se enfrenten con las creencias religiosas de la comunidad a la que representan, aunque paradójicamente clamen por los derechos de la humanidad.

Durante los últimos 20 años se ha debatido en México el derecho a la libertad religiosa y el respeto al estado laico ya que, siendo México un país donde el 83% de su población se declara católica (esto según el último censo del año 2010) hasta antes de 1992, la Constitución Política nacional no reconocía la personalidad jurídica de la Iglesia ni de otras asociaciones religiosas, de manera que ninguna asociación de esta índole podía poseer bienes, ni hacer manifestaciones de culto fuera de los templos , es decir, no había un verdadero ejercicio del derecho a la libertad de religión.

No se puede concebir el avance del México del Siglo XXI en materia de libertad religiosa y de reconciliación nacional, sin la presencia de Juan Pablo Segundo a quien México debe en gran medida el avance en la tolerancia, y la inclusión de todos los grupos. Particularmente le debemos el reconocimiento y respeto a los grupos indígenas del país, pues en sus múltiples visitas, recordó siempre a los fieles y a los gobernantes la necesidad de una gran reconciliación nacional.

Ahora que este derecho está consagrado en la Constitución, considero hay dos cosas que debemos hacer para lograr verdaderamente una libertad de creencia:

1) Defender de manera contundente el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir conforme a nuestra libertad de creencia en lo público y en lo privado.

2) Defender nuestra participación en la discusión de los temas que como ciudadanos nos competen sin ser discriminados por nuestra forma de pensar.

Dip. Ana María Jiménez Ortiz, presidenta de la Comisión Especial de la Familia LVIII Legislatura

@AnaMaJimenezPAN