Puebla busca ser primera en armonizar legislación contra trata

Puebla buscará ser de las primeras entidades en armonizar su legislación con las disposiciones federales contra la Trata de Personas, por lo que se trabaja para que el dictamen se presente en el Congreso durante el Tercer Periodo Ordinario, informó la diputada panista Ana María Jiménez Ortiz.

Ello como parte de los acuerdos que se tomaron durante la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, celebrada en el Senado de la República, el pasado lunes 22 de abril y a la que acudió una comisión de Puebla.

“Puebla tiene muchas posibilidades de ser de las primeras entidades en lograr esta armonización, porque nuestro marco jurídico está avanzado en el tema, por lo que confiamos en que antes de que concluya la legislatura podrá concretarse”, explicó Jiménez Ortiz, integrante de la comisión que representa a la entidad.

En la reunión de la Conferencia también quedaron conformadas las tres comisiones de trabajo de la Conferencia: Comisión de Vigilancia, Evaluación y Seguimiento en Asuntos Internacionales y Monitoreo de Movimientos Migratorios; Comisión de Impulso Presupuestario y Políticas Públicas así como la Comisión de Justicia.

En el caso de la Comisión de Justicia, de la que forma parte Jiménez Ortiz, es la encargada de revisar las legislaciones en las entidades a fin de impulsar las reformas que permitan armonizar las disposiciones locales con las federales. Al detectar que existen varias entidades, entre ellas Puebla, que podrían cumplir con este mandato de la Conferencia antes de concluir el año, se acordó que la Comisión de Justicia adelantará su próxima reunión para hacerla en tres meses y no en seis como lo marca el reglamento.

La Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, surge del acuerdo de las senadoras integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, presidida por la senadora Adriana Dávila, Senadora por Tlaxcala. Nace por la preocupación ante la insuficiente armonización del sistema jurídico nacional contra la trata de personas, especialmente en los criterios de tipificación, investigación, persecución y reparación del daño, perspectiva de género, así como por las condiciones que garanticen seguridad y atención a las personas en situación de vulnerabilidad.