En 2010 bajo el gobierno del PSOE y sin el consenso social de España se aprobó y publicó en el diario oficial del país la llamada ley Aido, misma que permitía "la interrupción del embarazo" hasta la semana 22 por considerarlo como un "derecho" (concepto que usan los partidarios del aborto para hacerlo parecer lícito). La ley en cuestión fue propuesta por Bibiana Aido, Ministra de Igualdad en el gobierno de Zapatero, y se calcula permitió en España durante su vigencia la muerte de casi 300 mil seres humanos en gestación.
Recientemente, y por iniciativa del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se ha aprobado un proyecto de Ley de protección de la vida y de la maternidad, con lo cual el aborto en España deja de ser considerado derecho y se reconoce como delito, se defiende la vida del concebido y se le trata como lo que es, una persona que necesita protección.
Quizá el punto más importante de la nueva ley, es que acaba con el concepto de "aborto eugenésico" y con ello se deja de discriminar prenatalmente a las personas enfermas, por lo que es destacable el trabajo emprendido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), red que agrupa a diferentes organizaciones que impulsaron la reforma por considerar que la ley Aido daba a la vida de las personas con discapacidad un valor inferior al de la vida de otras personas.
Con la nueva ley el Estado español se obliga a ofrecer verbalmente asesoramiento asistencial e información clínica sobre el aborto, se exige a la madre que desea abortar la firma de su consentimiento informado y se establece a las empresas abortistas la prohibición de anunciar sus servicios por considerarse un contrasentido promocionar la comisión de un delito. Médicos y empresarios abortistas que no cumplan con la ley, pueden ir a la cárcel.
La ley establece también que cuando la madre abortante sea menor de edad, requerirá del consentimiento paterno o en casos de conflicto, de una resolución judicial.
Con esta ley, España se une al frente de resistencia pro-vida que han iniciado Irlanda, Polonia, Malta, Hungría; y el PP -partido gobernante-marca un hito, pues por primera vez revoca una de las leyes emblemáticas de la izquierda.
Aun cuando la nueva ley tiende a la defensa de los derechos humanos, cuenta con algunas deficiencias, como el que no se establece un sistema de apoyo económico a las mujeres que viven un embarazo inesperado, se mantiene el financiamiento público del aborto como un servicio asistencial del sistema nacional de salud, y se mantiene como permitido el aborto que pueda poner en riesgo la salud psíquica de la madre, lo cual es muy subjetivo, pues si no se reglamenta bien, puede llevar al sucio negocio de la expedición de certificados de salud a modo.
Habrá quienes sigan insistiendo, muy a pesar de los avances científicos que la vida fetal no es vida humana, o que los derechos de las mujeres se vulneran cuando se protege el derecho a la vida de un tercero, lo que es un hecho es que incluso sus defensores saben que el aborto es un drama, y si lo juzgan así es por saber que matar a una persona indefensa es y será siempre algo completamente inhumano.
Dip. Ana María Jiménez Ortiz; Presidenta de la Comisión Especial de la Familia LVIII Legislatura
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