
En muchas ocasiones consideramos a algunos países centroamericanos como inferiores a otros sólo por el atraso económico en que se encuentran, pero el pasado miércoles 29 de mayo la República de El Salvador ha dado al mundo entero, cátedra magistral de lo que todo país que se dice desarrollado debe hacer para proteger a sus ciudadanos y respetar sus derechos humanos.
Periódicos del mundo entero dieron cuenta del llamado caso Beatriz, pseudónimo usado por una joven salvadoreña, madre de 22 años de edad, que padece lupus, y que lleva en su vientre a un bebé de 26 semanas de gestación con anencefalia (le falta una parte del cerebro).
En El Salvador el aborto es una práctica ilegal que según el artículo 135 de su Código Penal es castigado con un plazo de entre 6 y 12 años de cárcel, por lo que tal y como el director del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador, el psiquiatra José Miguel Fortín, denunció "se ha manipulado a la madre desde el principio y se han dicho cosas que no son verdad y que el IML no puede acompañar".
En efecto, algunas organizaciones civiles locales e internacionales activistas del aborto disfrazadas de defensoras de los derechos de las mujeres, han difundido la falsa idea de que Beatriz está en riesgo de muerte si no se le saca al bebé, por lo que la animaron a interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de su país a fin de poder practicarse el "aborto terapéutico".
La Corte dispuso por mayoría rechazar la solicitud de aborto, en concordancia con lo que el propio IML había dictaminado previamente respecto a que "no hay razón médica para suspender el embarazo", pues en palabras del director "no es cierto que la mamá esté en riesgo inminente, no es cierto que vaya a mejorar si se le saca al niño, ni es cierto que El Salvador sea un estado talibán". En esencia no hay un dilema entre la vida de la madre y la de su hijito, ambas pueden y deben salvarse.
En un claro intento por manipular la opinión pública recurriendo al sentimentalismo y a la ignorancia de las ciencias médicas el caso Beatriz ha tenido eco en muchas organizaciones sociales que levantan la voz "en favor de las mujeres", ninguna de las cuales refiere que de acuerdo al dictamen médico practicado, no existe evidencia clínica de algún riesgo, por lo que matar a su hijo no es condición indispensable de vida, ya que en caso de que hubiera tal riesgo de muerte de la madre, existe la opción de inducir el parto.
La CSJ, además de negar la posibilidad del aborto, ordenó a las autoridades médicas del país continuar con los cuidados proporcionados hasta ahora, con lo que la Corte salvadoreña refrenda su compromiso con el respeto al primero de los Derechos Humanos: el derecho a la vida.
La independencia jurídica del Estado Salvadoreño no puede ser violentada, así que ninguna presión internacional debe cambiar la decisión de la CSJ, máxime cuando su Constitución concuerda con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así que desde México vaya mi reconocimiento a los magistrados que de una manera muy profesional han sabido cumplir con su obligación, ojalá hubiera más funcionarios públicos como ellos en todo el mundo.
Dip. Ana María Jiménez Ortiz, presidenta de la Comisión Especial de la Familia LVIII Legislatura @AnaMaJimenezPAN
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